✍️ Por Wal Polanco
#OpiniónCRN | Justicia para una nueva República Dominicana
La República Dominicana ha avanzado en muchos aspectos: en infraestructura, conectividad, inclusión, participación ciudadana y derechos fundamentales. Sin embargo, uno de los pilares que debería haber evolucionado al mismo ritmo —y no lo ha hecho— es el Código Procesal Penal (CPP). Hoy, más que nunca, necesitamos una reforma profunda y valiente, que coloque a nuestra legislación penal al nivel de las demandas reales de la sociedad dominicana.
El CPP dominicano fue promulgado en el año 2002 y, aunque significó un paso importante al establecer un sistema más garantista, se ha quedado corto ante los desafíos actuales: criminalidad organizada, impunidad, lentitud en los procesos, puertas giratorias para los reincidentes, delitos tecnológicos y la sensación generalizada de que la ley beneficia más al infractor que a la víctima.
No se trata de hacer populismo penal ni de clamar por castigos severos a ciegas. Se trata de justicia, eficiencia y protección real para el ciudadano honesto. ¿Cómo explicarle a una madre que, después de múltiples querellas por violencia, el agresor sigue libre porque “no hay flagrancia”? ¿Cómo responderle a una comunidad que denuncia un punto de droga y, al poco tiempo, ve al microtraficante operando con más fuerza que antes? ¿Cómo confiar en un sistema donde las garantías procesales parecen proteger más al culpable que al inocente?
Es hora de una revisión técnica, responsable y participativa del CPP. Una revisión que contemple:
- Mejoras en los criterios de medida de coerción, especialmente en casos de violencia, crimen organizado y corrupción.
- Plazos más claros y estrictos para las fases del proceso penal, evitando dilaciones interminables.
- Mayor acceso a la justicia para las víctimas, con fortalecimiento del Ministerio Público.
- Integración de nuevos tipos penales, como delitos cibernéticos, acoso digital y nuevas formas de estafa.
- Un enfoque diferenciado según la peligrosidad y el contexto del delito, sin sacrificar garantías, pero con una justicia más firme y creíble.
No podemos seguir permitiendo que un código procesal desfasado se convierta en un obstáculo para la paz, la seguridad y la equidad. La justicia no solo debe ser ciega, también debe ser ágil, coherente y confiable.
La reforma del Código Procesal Penal no es un lujo. Es una necesidad nacional urgente. Y si queremos una democracia funcional, un Estado de derecho fuerte y una ciudadanía segura, debemos empezar por ahí.
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