ser mujer, estar embarazada y quedar desamparada en República Dominicana no es normal
En teoría, la República Dominicana protege a sus trabajadoras embarazadas. En teoría, ningún empleador puede despedir a una mujer en estado de gestación sin una autorización previa del Ministerio de Trabajo. En teoría, la justicia está para garantizar los derechos fundamentales de todos, sin importar su poder adquisitivo.
Pero la realidad, como suele pasar, es mucho más cruel que las normas. El caso de la señora Moronta lo evidencia con dolorosa claridad.
A las 8 semanas de embarazo, esta trabajadora fue despedida sin justificación. Perdió su fuente de ingresos y la estabilidad emocional que necesita cualquier mujer al enfrentar una etapa tan delicada como la maternidad. Decidió llevar su caso a los tribunales. Esperó más de un año. Y cuando por fin llegó el fallo judicial, el resultado fue indignante: una indemnización de apenas 86 mil pesos fue lo que le narró a la periodista Walddy Lina Polanco
¿Dónde está la verdadera justicia?
Moronta ganaba 45 mil pesos mensuales. El despido le arrebató, como mínimo, catorce sueldos, acceso a seguridad social, estabilidad para su hijo en gestación y la dignidad que otorga el empleo formal. Pero eso no pareció importar.
¿Cómo puede un juez considerar justa una indemnización que no cubre ni siquiera tres meses de salario perdido?
¿Cómo puede un sistema que se dice garante de los derechos laborales emitir una sentencia tan desproporcionada?
La situación de Moronta no es un caso aislado. Muchas mujeres dominicanas enfrentan la maternidad con miedo a perder sus empleos, con temor a que su embarazo se convierta en una “razón” para ser descartadas, ignoradas o reemplazadas. El embarazo debería ser protegido. En cambio, es penalizado en la práctica.
Y lo peor no es solo el despido. Lo más grave es la indiferencia institucional, la lentitud de la justicia, la tibieza de las sentencias, y la clara sensación de que la balanza siempre se inclina a favor de los más poderosos.
“Los jueces se vendieron”
Esas fueron las palabras de la señora Moronta al conocer el veredicto. Más allá de que pueda probarse o no, su testimonio refleja una verdad que duele: la creciente desconfianza ciudadana en el sistema de justicia.
Un sistema donde, como ella misma expresó, “la justicia es solo para los ricos”.
Apelar, ¿para qué?
Sí, va a apelar. Porque tiene esperanza. Porque es valiente. Pero también sabe que ese camino será largo, caro y desgastante. Como lo es para casi todas las mujeres que enfrentan solas a grandes estructuras empresariales. En muchos casos, el proceso judicial se vuelve una segunda forma de violencia: lenta, fría e indiferente.
¿Y ahora qué?
Este caso debe encender las alarmas. No basta con tener leyes escritas en papel. Hace falta voluntad para aplicarlas con justicia y sensibilidad.
Hace falta formación para que los jueces comprendan el impacto real de sus decisiones.
Hace falta más respaldo para que ninguna mujer embarazada vuelva a enfrentar sola un proceso que debió haberla protegido desde el primer momento
Porque cuando se desprotege a una madre, se desprotege el futuro de una sociedad ya que carece de recursos para el buen cuidado de la nueva criatura, una frustración para una madre que no cuenta con el apoyo de la justicia Dominicana
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