El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción; defensa denuncia intento de silenciar al periodista.
Por CRN Noticias RD
SANTIAGO, R.D. – El reconocido comunicador Ángel Martínez enfrenta un nuevo proceso judicial en su contra por la supuesta comisión de los delitos de extorsión, difamación e injuria, tras una querella interpuesta por el empresario Arnulfo Gutiérrez.
La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción fue pautada para este miércoles en el Tribunal de Atención Permanente de Santiago, donde el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva como medida cautelar.
De acuerdo con el expediente presentado por la fiscalía, Martínez habría incurrido en conductas tipificadas en los artículos 306 y 400 del Código Penal dominicano, al presuntamente utilizar amenazas y chantajes contra el empresario querellante. Las autoridades sostienen que el comunicador, además, habría difundido informaciones difamatorias e injuriosas, atentando contra la reputación de Gutiérrez.
El Ministerio Público argumenta que la gravedad de los hechos, así como el presunto uso de plataformas mediáticas para ejercer presión, justifican la solicitud de prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El abogado Carlos Manuel Mesa, representante legal de Ángel Martínez, rechazó categóricamente la imputación de extorsión, calificándola como una “fabricación jurídica” para sustentar un intento de silenciar al comunicador.
“Se trata de una represalia por las denuncias que mi cliente ha realizado en el ejercicio de su libertad de expresión. La acusación de extorsión fue incluida únicamente para justificar el pedimento de prisión preventiva”, afirmó Mesa.
La defensa ha solicitado que se imponga una medida menos gravosa, como presentación periódica y garantía económica, argumentando que no existen riesgos de fuga ni obstrucción del proceso.
Ángel Martínez, conocido por sus opiniones contundentes y denuncias públicas a través de plataformas digitales y medios tradicionales, ha estado en el centro de otras controversias legales en el pasado. Sus seguidores lo consideran un “voz sin filtro”, mientras que sus detractores lo acusan de cruzar la línea entre opinión y calumnia.
La decisión sobre la medida de coerción estará en manos del juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. El caso ha generado expectativa mediática en Santiago y en las redes sociales, donde se ha abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad en la comunicación, y el uso del sistema judicial en casos de alta exposición pública.
CRN Noticias RD dará seguimiento a este caso en desarrollo.
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