Santo Domingo, República Dominicana. — Un grupo de abogados notificó mediante acto de alguacil a la Junta Central Electoral (JCE) una intimación formal solicitando la suspensión inmediata del financiamiento público a las organizaciones políticas, luego de que auditorías de la Cámara de Cuentas revelaran irregularidades en el manejo de más de 28,671,536,593 pesos desde el año 2000 hasta septiembre de 2025.
La acción legal fue interpuesta por los juristas Máximo Miñoso Santoni, Hanfiel Antonio Polanco Ramos, César V. Polanco Reynoso y J. Rafael Céspedes Amparo, quienes actúan en representación de Ricardo Ripoll, Eduardo Sánchez (Piro) y Hernani Aquino. Los abogados sostienen que la continuidad de la entrega de estos recursos estatales, sin correctivos institucionales claros, podría comprometer la legalidad y transparencia en el uso de fondos públicos.
En el documento de intimación, marcado con el número 621-2026, se exige a la JCE la adopción de medidas urgentes, concretas y verificables, dentro de un plazo perentorio, con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de financiamiento político.
Los representantes legales fundamentan su solicitud en informaciones derivadas de auditorías divulgadas públicamente, las cuales según indican evidencian una estela de irregularidades administrativas en el manejo de recursos asignados a organizaciones políticas durante más de dos décadas.
Asimismo, advirtieron que el incumplimiento de este requerimiento dará lugar a la interposición de acciones judiciales en distintas jurisdicciones, incluida la contencioso-administrativa, lo que podría escalar el caso a un escenario institucional de mayor alcance.
La iniciativa coloca bajo escrutinio el rol de la Junta Central Electoral como garante del sistema democrático y abre un debate nacional sobre la fiscalización del financiamiento público a los partidos políticos, así como sus posibles repercusiones en la confianza ciudadana hacia las instituciones responsables de velar por la transparencia electoral.
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