Por: Gabriel José García Núñez
La reciente decisión de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) de acogerse a una tregua y posponer el paro nacional de servicios ha traído un alivio momentáneo a miles de familias dominicanas. Sin embargo, cometeríamos un grave error si permitimos que esta calma aparente sea el punto final de la discusión. El verdadero debate no es la suspensión de servicios; es entender por qué, como país, hemos permitido que el sistema llegue hasta este punto de asfixia institucional.
Compartimos plenamente la preocupación de quienes ven con angustia cómo los pacientes quedan atrapados en medio de las diferencias entre los actores del sistema. Ese debería ser, sin duda, nuestro objetivo común: la protección del ciudadano. No obstante, para comprender la magnitud de lo ocurrido, es indispensable ir más allá de la superficie y analizar el contexto.
Durante años, las clínicas privadas han agotado todas las vías institucionales disponibles. Han acudido a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), han presentado sus demandas ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), han buscado el arbitraje del Poder Ejecutivo y han intentado diálogos directos con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Su reclamo ha sido constante y razonable: la necesidad imperativa de establecer un mecanismo transparente y permanente para actualizar las tarifas que reciben los prestadores.
El problema de fondo no es un porcentaje
Es necesario desmitificar la narrativa de que esto es una simple disputa por unos puntos porcentuales es traer transparencia a los fondos y mejorar las reglas de juego del sistema. El problema estructural es que, mientras el CNSS ha aprobado sucesivas indexaciones de la cápita que reciben las ARS, no existe una metodología pública, objetiva y verificable que garantice que esos incrementos lleguen realmente a las clínicas.
Mientras tanto, la realidad operativa de los centros de salud es implacable. Los costos de prestar servicios médicos —salarios, insumos, medicamentos, tecnología, energía y mantenimiento— no dejan de aumentar. Ante esta realidad, la falta de una indexación automática y transparente amplía cada año la brecha entre el costo real de la atención y lo que el sistema reconoce como pago. Este escenario no solo es insostenible para las clínicas, sino que pone en peligro la calidad y disponibilidad de la atención que recibe la población.
Por eso, la discusión no debería limitarse a cuestionar las medidas de presión. La pregunta de verdadero interés público —la que las autoridades deben responder con urgencia— es otra:
¿Qué ha ocurrido con las sucesivas indexaciones de la cápita aprobadas por el CNSS? ¿Cómo han sido distribuidos esos recursos y por qué los prestadores no perciben una actualización proporcional que garantice su sostenibilidad?
El país merece claridad. El sistema de salud no puede seguir funcionando bajo la sombra de la discrecionalidad financiera. Necesitamos una reforma profunda que trace la «ruta del dinero» y establezca reglas claras, fundamentadas en datos técnicos y no en negociaciones opacas. La paz social no se garantiza silenciando los paros, sino asegurando que el Seguro Familiar de Salud cumpla su promesa de eficiencia, equidad y calidad para todos los dominicanos.
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