Santo Domingo, República Dominicana.— Lo que durante mucho tiempo pudo parecer una simple percepción de los usuarios, hoy genera cada vez más interrogantes: ¿hacia dónde se dirige el sistema de transporte del Metro de Santo Domingo y qué papel tendría el sector privado en su operación y gestión?
Cada día, miles de ciudadanos utilizan el Metro como una herramienta esencial para trasladarse hacia sus trabajos, centros educativos y hogares. Por eso, cualquier decisión que afecte su funcionamiento, administración, costos o acceso debe ser explicada públicamente y con absoluta transparencia.
El debate no puede reducirse únicamente a quién opera o administra determinados servicios. La verdadera pregunta es qué modelo de transporte público se está construyendo y cuáles serán sus consecuencias para los usuarios.
Si existen planes, acuerdos, concesiones, contrataciones o proyectos que impliquen una participación privada directa o indirecta en la gestión del Metro, la ciudadanía tiene derecho a conocerlos: quiénes participan, bajo qué condiciones, cuánto costarán y qué garantías tendrá el usuario.
El transporte público no puede convertirse en un asunto manejado a puertas cerradas. Los ciudadanos merecen información clara, acceso a los contratos y una explicación sobre cualquier cambio que pueda modificar la naturaleza del servicio.
El Metro es de todos y todas.
Por eso exigimos transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana antes de cualquier decisión que comprometa su administración o funcionamiento futuro.
Lo que hoy parece una sospecha, mañana podría convertirse en una realidad. Y la ciudadanía tiene derecho a preguntar antes de que sea demasiado tarde.
¿Privatización, concesión, tercerización o simplemente modernización?
Que las autoridades expliquen públicamente cuál es el verdadero plan.
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